Recientemente, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció una propuesta para imponer un impuesto de hasta el 100% sobre el valor de las propiedades adquiridas por extranjeros no residentes de países fuera de la Unión Europea. Estas declaraciones se realizaron durante un foro económico en Madrid el 13 de enero de 2025. Esta medida, todavía en fase de propuesta, busca abordar la dificultad de acceso a la vivienda para los residentes locales, según señala el Gobierno. 

Contexto de la Propuesta 

El anuncio se produjo en el marco de un conjunto de medidas dirigidas a mejorar el acceso a la vivienda en España. De acuerdo con datos del Gobierno, en 2023 los no residentes adquirieron alrededor de 27.000 viviendas en el país. Según las autoridades, una parte significativa de estas compras se habría realizado con fines especulativos, lo que justificaría la necesidad de una medida para limitar este tipo de adquisiciones y priorizar el acceso de los residentes. 

Alcance Potencial de la Medida 

De ser implementada, la medida podría afectar a extranjeros no residentes de países fuera de la UE que deseen adquirir propiedades en España, como seria el caso de los residentes en el Reino Unido, uno de los principales afectados en caso de llevarse a cabo. Sin embargo, hasta la fecha, no se han especificado los detalles técnicos o legales de su aplicación, incluyendo cómo se calcularía el impuesto, si habrá exenciones o si existirán límites en función del tipo de vivienda o su ubicación. Esta falta de claridad ha llevado a interpretaciones diversas sobre cómo podría materializarse la propuesta. 

Compatibilidad con la Normativa Europea 

Un aspecto clave de esta medida es su posible compatibilidad con la legislación de la Unión Europea, particularmente en relación con la libre circulación de capitales. El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre estos y terceros países. Sin embargo, el artículo 65 permite excepciones bajo ciertos supuestos, como razones de orden público, seguridad pública o para garantizar el cumplimiento de normativas fiscales. 

La aplicación de un impuesto del 100% podría ser interpretada como una restricción significativa a la libre circulación de capitales. Asimismo, podría suscitar dudas sobre su conformidad con el principio de no discriminación, si se aplica exclusivamente a ciudadanos de terceros países. Estas cuestiones podrían llevar a un escrutinio detallado por parte de las instituciones europeas y podrían requerir ajustes para alinearse con la normativa comunitaria. 

Conclusión 

Aunque la propuesta anunciada por el Gobierno español tiene como objetivo abordar retos importantes en el mercado inmobiliario, su implementación plantea dudas significativas desde el punto de vista legal y económico. La medida está aún en una fase inicial y será necesario evaluar cómo se desarrollará, así como su viabilidad a la luz de las normativas nacionales e internacionales. 

En cualquier caso, cualquier política que afecte al mercado inmobiliario debe diseñarse cuidadosamente para respetar los compromisos internacionales de España y los principios fundamentales de la Unión Europea, garantizando así que su aplicación sea eficaz y legalmente sólida.