📅 Fecha: Enero 2025
🕒 Tiempo de lectura: 6 minutos

💡 Introducción

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció una propuesta para imponer un impuesto de hasta el 100% del valor de los inmuebles adquiridos por extranjeros no residentes procedentes de países fuera de la Unión Europea.
Estas declaraciones se realizaron durante un foro económico en Madrid el 13 de enero de 2025.
La medida, aún en fase de propuesta, busca mejorar el acceso a la vivienda para los residentes locales, según el Ejecutivo.

🏠 Contexto de la propuesta

El anuncio forma parte de un conjunto de medidas dirigidas a mejorar el acceso a la vivienda en España.
Según datos del Gobierno, en 2023 los no residentes compraron unas 27.000 propiedades en el país.
Las autoridades sostienen que una parte significativa de estas operaciones se realizó con fines especulativos, lo que justificaría limitar tales adquisiciones y priorizar el acceso a los residentes.

⚖️ Alcance potencial de la medida

Si se implementa, la medida afectaría a extranjeros no residentes de países no comunitarios que deseen adquirir propiedades en España, como sería el caso de los residentes del Reino Unido.
Hasta el momento, no se han detallado aspectos técnicos o jurídicos sobre su aplicación: cómo se calcularía el impuesto, si existirían exenciones o límites según el tipo o la ubicación del inmueble.
Esta falta de claridad ha dado lugar a interpretaciones diversas sobre su viabilidad real.

🇪🇺 Compatibilidad con la normativa europea

Un punto clave es la compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea, especialmente respecto a la libre circulación de capitales.
El artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) prohíbe restricciones a los movimientos de capital entre Estados miembros y terceros países.
Sin embargo, el artículo 65 permite excepciones en casos de orden público, seguridad o cumplimiento de normas fiscales nacionales.

La aplicación de un impuesto del 100% podría interpretarse como una restricción severa a la libre circulación de capitales y plantear problemas de discriminación si se aplica únicamente a ciudadanos de terceros países.
Estas cuestiones podrían ser objeto de examen detallado por parte de las instituciones europeas, pudiendo requerir modificaciones para ajustarse a la normativa de la UE.

🎯 Conclusión

Aunque la propuesta del Gobierno busca responder a la crisis de acceso a la vivienda, su aplicación suscita importantes dudas jurídicas y económicas.
La medida aún está en una fase inicial y será necesario analizar su desarrollo y compatibilidad con la legislación nacional e internacional.

En cualquier caso, cualquier política sobre el mercado inmobiliario debe diseñarse respetando los compromisos internacionales de España y los principios fundamentales de la Unión Europea, garantizando su eficacia y legalidad.